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Las investigaciones realizadas por los órganos titulares de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia determinan las consecuencias negativas que el acuerdo entre las marcas de vehículos supone un sistema cerrado de empresas.

La información compartida por este grupo de fabricantes suponen, por tanto, un ataque frontal contra la competencia entre marcas que supone un ahorro de costes para los consumidores gracias a un ajuste de los precios para conseguir más clientes.

Aparentemente, la información compartida por las marcas de vehículos estaba relacionada con las estrategias comerciales, de marketing y postventa que ponían en marcha a través de las cadenas de concesionarios. Esta información compartida supondría una manera de evitar la competencia y de compartir campañas para evitar afectar a los precios como manera de conseguir una mayor cuota de mercado.

Todos los compradores afectados por esta situación tienen por tanto derecho a solicitar una indemnización que, según las primeras estimaciones, podría suponer hasta un 10% del precio total de venta del vehículo lo que supone, para la gran mayoría de los afectados, un alivio económico en una situación tan crítica como la actual.